Cientos de personas influyentes recibieron en secreto dosis de Sinopharm en Perú

    82

    El escándalo de las vacunas de la farmacéutica china Sinopharm administradas irregularmente en Perú a políticos y personalidades con influencias, bautizado como Vacunagate, se ha convertido en cuestión de días en una lista con cientos de nombres. 

    Todo comenzó al conocerse los casos del expresidente Martín Vizcarra y su esposa. Luego llegó el caso de la canciller Elizabeth Astete, quien dejó el cargo el domingo porque ocultó su inmunización al mandatario de transición, Francisco Sagasti. Pero solo era la punta del iceberg. 

    La revelación de que más de 460 personas se vacunaron al margen de las normas, entre ellas Pilar Mazzetti -ministra de salud hasta el viernes pasado- ha asestado un golpe moral a la sociedad peruana, en especial, al personal sanitario que afronta la pandemia en primera línea, el Ejecutivo y la comunidad científica peruana. Esas vacunas se distribuyeron a partir de septiembre, antes de que llegaran los primeros envíos de compras estatales.

    Unos 310 médicos peruanos han fallecido por la Covid-19 durante la pandemia y el déficit de 110 toneladas diarias de oxígeno dificulta el trabajo de los sanitarios con los pacientes, para quienes, además, no hay suficientes camas de cuidados intensivos. Desde marzo, han muerto más de 90.000 personas, según el Sistema Nacional de Defunciones. 

    Perú tuvo dificultad para firmar contratos de adquisición de vacunas y recibió oficialmente el primer embarque de 300.000 dosis de Sinopharm el 7 de febrero, pero el producto administrado a altos cargos del ministerio de Salud y de la Cancillería, y figuras como el médico de cabecera de Alberto Fujimori, Antonio Aguinaga, procedía de un lote de 3.200 dosis que llegó en septiembre a pedido del investigador jefe del ensayo clínico de la vacuna experimental de la farmacéutica estatal china.

    Fue un envío adicional al de los productos destinados al estudio. Mazzetti dimitió luego de un largo interrogatorio en el Congreso sobre la irregular vacunación de Vizcarra, destituido por el Congreso en noviembre. 
    La funcionaria dijo que no sabía sobre la inmunización del político, durante cuya gestión también fue ministra. El pasado martes 9 de febrero, el actual presidente, Sagasti, recibió la primera dosis de la vacuna china, horas después de que iniciase la inmunización de los trabajadores sanitarios con el primer lote comprado por el Estado. Horas después, la entonces ministra dijo que sería la última del sector Salud en vacunarse.
    “Teóricamente me toca la otra semana, pero el capitán es el último que abandona el barco, ¿no es cierto?”, refirió en una conferencia de prensa. Sin embargo, ella ya estaba inmunizada. En una comparecencia ante dos comisiones parlamentarias este martes, Germán Málaga, investigador y médico de la universidad privada Cayetano Heredia, informó de que llevó las vacunas a Vizcarra a petición del entonces presidente. 

    “Fuimos [con una enfermera] y lo vacunamos a él y a su señora esposa. En ese momento sinceramente no me pareció un acto fuera de contexto. Era el presidente de la república y no pensé en ningún aspecto legal, ni político”, dijo. El investigador precisó que de las 3.200 dosis que recibió por fuera del estudio, debía entregar 1.500 a la Embajada china y el resto fueron administradas a personal del ensayo clínico y otras a “invitados”, “consultores” y “relacionados”. 

    ”Quizá hubo excesiva amplitud en el término personal relacionado”, manifestó. “Todas estas cosas suenan irregulares, quizá son irregulares, pensé que era correcto, pero fue un error, no puedo cambiar lo que ha pasado”, añadió el investigador de la universidad antes del escándalo.

    Vacunas para los “relacionados”

    Málaga informó también que él no seleccionó a los funcionarios de los ministerios que recibían las vacunas, sino que había un “oficial de enlace” con ese fin. Pero en el resto de casos, él decidía quiénes saltaban su turno en la fila y recibían las dos dosis de la vacuna china.

     Entre los cientos de vacunados también figuran ocho directivos de la Cancillería; el nuncio apostólico, Nicola Girasoli; el esposo de una congresista; el chófer de la exministra Mazzetti; el hermano del expresidente Vizcarra; una lobista; los rectores de las universidades San Marcos y Cayetano Heredia; familiares de los médicos que participaban en el ensayo clínico, personal del estudio, entre otros.

    El Congreso nombró la noche del martes una comisión investigadora para determinar las responsabilidades de las vacunaciones ajenas a las buenas prácticas nacionales e internacionales de los ensayos clínicos, que además obviaron a médicos de primera línea que luchaban contra la pandemia. La polémica afecta también la reputación de los científicos peruanos. Algunos de ellos exigen la renuncia de los rectores de las dos universidades que realizaron los ensayos clínicos de Sinopharm y que se beneficiaron con la vacunación, mientras que otros investigadores denuncian el incumplimiento de las normas debido a la inmunización con un producto experimental por fuera de un estudio con protocolos.

    Riesgo político

    El politólogo Mauricio Zavaleta estima que el escándalo de las vacunas de privilegio compromete al Gobierno de Sagasti. “No es una cuestión menor, debido a que dos de sus ministras las recibieron, aunque otros se hayan inmunizado durante el Gobierno de Vizcarra”, sostiene. “Este Gobierno es muy débil porque Sagasti, al haber sido elegido en noviembre presidente del Congreso, es el encargado de la presidencia. Su rol depende de un Congreso que tuvo que ceder ante la demanda ciudadana”, describe Zavaleta. 

    El investigador destaca que, además de la debilidad institucional, está el factor político: “Lamentablemente el presidente no pudo surfear la ola que lo llevó a Palacio de Gobierno: nunca tuvo una real sintonía con la ciudadanía, fracasó en una reforma policial después de los asesinatos de los jóvenes manifestantes de noviembre”, añade.

    Pero para Zavaleta, el Vacunagate afecta en una dimensión mayor con vistas a las próximas elecciones generales del 11 de abril. “Estamos en una campaña apática, donde los electores están ocupados en no contagiarse, sobrevivir a la crisis económica y ayudar a sus familiares. 
    Es una situación de crisis absoluta: los candidatos no entusiasman y Perú, según el Barómetro de las Américas, es el país con mayor desaprensión con el sistema porque la corrupción es el principal problema del país”. “Si al sistema corrompido le sumas esto, entonces hay mayor desaprensión con la clase política y con todos los políticos”, remata el politólogo.